El liberalismo económico defiende la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos (reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etcétera), sin dejar de lado la protección a los más «débiles» (subsidios de desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública) o a los «fuertes» (aranceles, subsidios a la producción y otros).
El liberalismo político inspiró la organización del Estado durante el siglo XIX. Pero para conseguir cambiar y consolidar un nuevo sistema de gobierno era precisa una profunda crítica y transformación social y económica, de modo que todos los individuos tuvieran los mismos privilegios y una mayor libertad de actuación.
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